La Cámara de Diputados y el Senado aprobaron una reforma que fortalece la capacidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para detectar y sancionar el uso irregular de recursos públicos federales.
La modificación, avalada por ambas cámaras, introduce herramientas que buscan acortar los plazos de investigación y reducir la impunidad en la gestión del gasto público. Entre los cambios centrales, la ASF podrá iniciar investigaciones de oficio, sin esperar una denuncia formal, lo que amplía su radio de acción frente a posibles actos de corrupción.

También se elimina la figura de “solicitudes de aclaración”, utilizada frecuentemente como método para postergar la determinación de responsabilidades. La reforma crea la figura de “Auditorías Especializadas”, que deberán ser realizadas por personal certificado, y establece un Sistema Nacional de Registro de Información y Datos Relacionados.

Esta plataforma digital obligará a todos los entes públicos a subir información detallada sobre el ejercicio del gasto, incluidas las participaciones federales transferidas a estados y.
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