El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) enfrenta su revisión más delicada desde su entrada en vigor en enero de 2020. Autoridades estadounidenses advierten que la
El embajador Ronald Johnson, ex militar y ex agente de la CIA, lo dejó claro el jueves pasado en Sinaloa: “La corrupción y la extorsión representan obstáculos directos para la inversión y el desarrollo de proyectos estratégicos en América del Norte”. Su mensaje apuntó a que la certidumbre jurídica y la transparencia son condiciones indispensables para retener el capital extranjero.
La revisión del T-MEC está programada para el próximo 1 de julio. Washington evalúa si México cumple con los compromisos que incluyen el combate al tráfico de drogas —especialmente el fentanilo— y el control de la migración irregular. El gobierno de Trump considera que ambos fenómenos se originan o se facilitan desde territorio mexicano.

El tratado, firmado el 30 de noviembre de 2018 en Buenos Aires por Donald Trump, Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau, sustituyó al TLCAN tras dos años de negociaciones. Su objetivo era modernizar las reglas comerciales, elevar estándares laborales y ambientales, y fortalecer la producción regional, sobre todo en el sector automotriz.
Sin embargo, desde 2020, la administración estadounidense ha vinculado el cumplimiento del acuerdo con la capacidad de México para frenar el ingreso de psicotrópicos y la migración masiva. La presión diplomática se traduce en advertencias concretas: si no hay resultados, la renovación del tratado puede complicarse.
Johnson, ahora en rol diplomático, reiteró que “la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”. Sus palabras fueron dirigidas a los responsables de políticas públicas mexicanas, aunque, según la columna, la respuesta desde Palacio Nacional no captó la gravedad del señalamiento.

La nota advierte que el riesgo no es retórico: la revisión de julio puede convertirse en un punto de inflexión para la relación comercial bilateral. La expectativa de los inversionistas depende de la percepción de estabilidad institucional y del control efectivo de redes criminales que operan en la frontera.
México exporta el 80 %
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