Este 3 de mayo se cumplen cinco años de la muerte de Pamela Anaya en Avándaro, Valle de Bravo, y su familia aún no obtiene justicia. La joven quedó atrapada en una puerta eléctrica dentro de una propiedad del empresario Isaac Salomón “N. ”, quien es señalado por presunto feminicidio.
Desde 2021, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) intentó cerrar el caso dos veces, calificándolo como accidente. Fue hasta agosto de 2025 que el juez de control Ramón Esteban Morales Alcántara ordenó ejercer acción penal contra Salomón, luego de que la defensa promoviera múltiples amparos.
El 25 de marzo pasado, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal desechó un nuevo amparo interpuesto por el imputado, lo que permitiría reiniciar la etapa intermedia. Sin embargo, la familia denuncia que las audiencias no se han reanudado y el proceso sigue estancado.
Entre las irregularidades señalan el traslado de Pamela a un hospital de la Ciudad de México, a más de 100 km, en lugar de centros médicos cercanos, y la administración de sedantes que podrían haber afectado su respiración. Peritajes privados concluyen que el empresario accionó el mecanismo de la puerta y luego embistió el zaguán con su camioneta.
La víctima quedó atrapada y falleció en el trayecto hospitalario. La FGJEM no ha informado sobre nuevas diligencias ni fecha para la siguiente audiencia.
Etiquetas: Pamela Anaya, feminicidio, Valle de Bravo, FGJEM, impunidad, Auditorías
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