La experiencia internacional muestra que encarcelar operadores visibles no desmantela el poder económico de las organizaciones criminales. En Oaxaca, especialistas proponen que el estado se ponga a la vanguardia nacional al enfocar sus esfuerzos en la inteligencia financiera y la extinción de dominio como ejes centrales de
La inteligencia financiera implica detectar operaciones inusuales, mapear redes de lavado y descubrir cómo recursos ilícitos se mezclan con aparentes actores legales en sectores económicos, políticos y sociales. La clave, según el análisis, es entender el flujo del dinero más allá de la simple incautación de efectivo.
Para lograrlo, se requiere coordinación entre instancias estatales, dependencias federales y organismos autónomos, combinando análisis de datos, tecnología y profesionalización técnica. La autora destaca que la colaboración del gobernador Salomón Jara con el secretario de
Sin embargo, la inteligencia por sí sola no basta. La extinción de dominio se presenta como el complemento jurídico: permite al Estado recuperar bienes de origen ilícito sin esperar una sentencia penal, siempre que se pruebe su vínculo con actividades delictivas. Esta figura ataca directamente el patrimonio criminal.
Su aplicación tiene efectos punitivos, preventivos y simbólicos: envía el mensaje de que el delito no será rentable y permite que los bienes recuperados se destinen a programas sociales, convirtiendo lo que antes era producto del crimen en recursos para comunidades.
El texto advierte que, durante décadas, la política mexicana se ha centrado en perseguir y detener a delincuentes mediante operativos reactivos, sin atacar las estructuras financieras que sostienen a las mafias. Cambiar ese paradigma, concluye, es la oportunidad histórica que tiene Oaxaca.
Etiquetas: inteligencia financiera, extinción de dominio, delincuencia organizada, Salomón Jara, Omar García Harfuch, lavado de dinero, seguridad pública, Oaxaca
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