La fiscalía federal en Manhattan presentó cargos criminales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y contra nueve ex altos mandos y servidores públicos del estado por presunto apoyo al Cártel de Sinaloa. La acusación, dada a conocer este miércoles en Nueva York, incluye delitos de tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, así como tenencia ilícita de armas de fuego.
El escrito judicial señala que los funcionarios, activos y retirados, habrían sido piezas clave para trasladar droga desde territorio mexicano hacia mercados estadounidenses. Ninguno de los nombrados ha sido arrestado hasta el momento y se desconoce su paradero.
Entre los señalados figuran el exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal, Alberto Jorge Contreras Núñez; el exsecretario de

También fueron incluidos Juan Valenzuela Millán, comandante de la policía municipal de Culiacán; el senador federal de Morena Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general del gobierno estatal; y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
La lista la completan Damaso Castro Zavala, hasta hace poco fiscal general adjunto del estado; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía, y el propio mandatario estatal, quien ha negado vínculos con organizaciones criminales.
La denuncia no detalla montos de droga movilizada ni fechas precisas de los supuestos hechos, pero subraya que el aparato de

La fiscalía federal no descarta solicitudes de extradición si los imputados son localizados, y advirtió que las investigaciones continúan abiertas para identificar a otros posibles cómplices dentro del gobierno estatal.
El caso revive el debate sobre la infiltración del crimen organizado en instituciones locales. Observadores civicos señalan que la acusación externa pone en evidencia la falta de mecanismos efectivos de control interno en la entidad gobernada por Morena desde 2021.
Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Gobernación no había emitido posicionamiento oficial sobre los cargos en contra del gobernador ni de los otros funcionarios señalados.
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