Elementos de la Policía Municipal y de la Policía de Acción y Reacción de Coahuila ingresaron la tarde del jueves a las oficinas del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (Simas) de Piedras Negras para sacar por la fuerza a su gerente, Lorenzo Menera Sierra, quien se había atrincherado dentro del inmueble más de 48 horas.
La medida se ejecutó después de que la Contraloría y la dirección jurídica del ayuntamiento le entregaran la notificación formal de apertura de un expediente por presuntas irregularidades financieras y le pidieran separarse del cargo.
En imágenes difundidas por medios locales se observa al exfuncionario tendido en el piso; minutos después fue levantado, escoltado y llevado fuera del edificio. Al salir, Menera Sierra acusó al presidente municipal Jacobo Rodríguez González de haber ordenado el operativo, lo cual, dijo, afectará la nómina de 300 trabajadores.

El conflicto entre ambos se remonta al 1 de enero de 2025, cuando Rodríguez, de la coalición Morena-PT, intentó disolver el Consejo Directivo de Simas, órgano donde Menera contaba con mayoría.
El 30 de mayo pasado, el ayuntamiento publicó un informe que cuestiona gastos por casi 300 mil pesos en gasolina, 50 mil pesos en alcohol para reuniones y frecuentes viajes a Monterrey y Monclova sin justificación comprobada.
Además, vecinos de Jiménez denunciaron que camionetas oficiales aparecieron en un rancho propiedad del exgerente, mientras en Piedras Negras se multiplicaban quejas por falta o contaminación del agua. La investigación también documentó que personal del organismo realizaba tareas particulares en la propiedad rural.

En paralelo, surgieron acusaciones cruzadas sobre financiamiento de campañas políticas: Menera Sierra y su hermano Masías, hoy candidato independiente a diputado local, aseguran haber aportado recursos a la campaña de Rodríguez González, quien habría recibido además dinero de otro hermano del exgerente y de un empresario vinculado a la delincuencia organizada, según versiones de los propios Menera.
Con el desalojo, el ayuntamiento nombra encargado de despacho y anticipa una auditoría externa que incluirá revisión de contratos, nómina y inventario de vehículos. La Contraloría ya remitió los expedientes a la Fiscalía General del Estado para determinar posibles responsabilidades penales.
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