El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), Juan Pablo Albán, informó que la situación de las desapariciones en México fue turnada a la Asamblea General de la ONU para su consideración urgente. La medida se adopta tras constatar ataques generalizados contra la población civil en varias regiones del país.
La solicitud se basa en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desaparición Forzadas, que obliga al secretario general a elevar el caso cuando existen indicios de crímenes sistemáticos. Albán subrayó que el comité no tiene facultades discrecionales para retener la resolución.
Con la remisión, la responsabilidad de activar mecanismos de asistencia recae ahora en la Asamblea General. Será esa instancia la que defina qué acciones concretas se implementarán para apoyar la prevención, investigación y sanción de la desaparición forzada en México.
El gobierno federal rechazó el informe que motivó la medida. En un pronunciamiento oficial, argumentó que el documento ignoró los avances institucionales desde 2019 y, en particular, desde 2025 con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria calificó al CED como un órgano que “no pertenece a la ONU”. El comité respondió que sí forma parte del sistema de Naciones Unidas y que su análisis abarca la evolución completa de la crisis, no solo un periodo cerrado.
Durante la visita al país del Alto Comisionado Volker Türk, colectivos de víctimas le solicitaron una postura firme frente al gobierno mexicano. Según Albán, Türk optó por no pronunciarse públicamente.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró antes de la visita que México prepara una respuesta formal al informe del CED. Hasta el momento, no se ha dado a conocer el contenido de esa respuesta.
Etiquetas: desapariciones, ONU, México, derechos humanos, Asamblea General, México · Desapariciones y fosas
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