El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La denuncia fue presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y incluye nueve personas más, todas señaladas de colaborar con la organización criminal para trasladar narcóticos a territorio estadounidense.
El mandatario estatal fue incluido en la lista de acusados luego de que medios como Los Angeles Times revelaran la revocación de su visa estadounidense el año pasado. Ahora, enfrenta cargos de conspiración para importar drogas, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer dispositivos destructivos, delitos que suman una pena mínima de 40 años o cadena perpetua.
La acusación identifica a los demás implicados como Enrique Inzunza Cazárez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio, Juan de Dios Gámez Mendivil y Juan Valenzuela. Según el documento, todos habrían actuado como funcionarios o exfuncionarios del Estado mexicano que facilitaron operaciones del Cártel de Sinaloa.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reaccionó al caso mediante un oficio en el que subrayó que su gobierno investigará y enjuiciará cualquier acto de corrupción que beneficie al crimen organizado y dañe a ambas naciones. La postura marca un paso más allá de las revocaciones de visas, anunciando el inicio de procesos penales contra altos mandos mexicanos.
La revelación pone en entredicho la gobernabilidad de Sinaloa, entidad históricamente golpeada por la violencia vinculada al narcotráfico. La imputación en tribunales estadounidenses implica que, de ser detenido en suelo norteamericano o en un país con tratado de extradición, Rocha Moya podría ser juzgado sin posibilida
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