El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos criminales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y contra el senador morenista Enrique Inzunza Cazeres, a quienes imputa conspiración para trasiego de drogas a territorio estadounidense y posesión de armas automáticas y dispositivos destructivos.
La acusación fue formalizada ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York y expone a ambos políticos a una pena mínima de 40 años y un máximo de cadena perpetua si un jurado los declara culpables.
El gobernador y el legislador encabezan una lista de diez políticos mexicanos señalados por la fiscalía por presuntamente proteger operaciones del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y acceso a armamento de alto poder.
Entre los demás imputados figuran Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito “Tornado”, Juan de Dios Gámez Mendivil y Juan Valenzuela Millán “Juanito”.
El fiscal federal Jay Clayton subrayó que la organización que lidera Ismael “El Mayo” Zambada no habría logrado trasiego constante de drotas sin la complicidad de funcionarios públicos que facilitan rutas, alertas y blindaje legal.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, aseguró que el caso demuestra un “esfuerzo deliberado de socavar instituciones públicas” y poner en riesgo la vida de estadounidenses al habilitar el flujo de drogas letales.
En un comunicado, Cole agradeció la colaboración de autoridades mexicanas y reiteró que “nadie está por encima de la ley”, en un mensaje que interpreta como respaldo a la información que sustenta el encausamiento.
La acusación se suma al misterio que rodea la captura de Zambada García en julio de 2024, cuando arribó a Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, tras un presunto pacto que involucraba actores políticos de Sinaloa.
Hasta el cierre de esta edición, el gobernador Rocha Moya no emitía postura oficial y la presidencia de Claudia Sheinbaum tampoco había reaccionado al requerimiento judicial.
El proceso en Nueva York obliga a la Fiscalía General de la República a pronunciarse sobre el eventual pedido de extradición, mientras en Sinaloa opositores piden la suspensión inmediata del mandatario estatal.
Etiquetas: Narco-Política, Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Cártel de Sinaloa, extradición, corrupción
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