En 1997 el economista Salvador Kalifa publicó en Reforma la columna “Economía y corrupción”. Treinta años después reitera la misma tesis: el fenómeno no es ético, sino una respuesta racional a los costos y beneficios que perciben los funcionarios.
Kalifa, egresado del ITESM y doctor por Cornell, explica que el servidor público compara el beneficio esperado —dinero, contratos, impunidad— con la probabilidad y el costo de ser descubierto; si el saldo es positivo, se corrompe.
Por tanto, propone desplazar el discurso moralizante hacia la modificación de incentivos: reducir el monto de recursos que controla, acotar su discrecionalidad, alzar las penas y fortalecer la supervisión. La receta implica menos predicar honestidad y más diseñar reglas que encarezcan la transgresión.

La idea choca con la narrativa dominante en México, donde los escándalos se presentan como fallas individuales y no como resultado predecible de estructuras que concentran poder y recursos. Kalifa advierte que mientras no se toquen esos incentivos, los programas de integridad y las campañas de conciencia tendrán efecto limitado.
Su análisis se centra en el cálculo de riesgo, no en la cultura: disminuye el poder de negociación del burócrata y se reduce la corrupción. El economista ha impartido cátedra en CIDE, Universidad Iberoamericana, Anáhuac —donde fue director de la Escuela de Economía— y en el ITESM.

También fundó Consultores Económicos Especializados, firma que asesora a empresas nacionales y extranjeras. Aunque el texto no ofrece cifras actualizadas sobre denuncias o sanciones, retoma la lectura de 1997 para subrayar que el problema persiste porque las variables del costo-beneficio no se alteraron en la práctica.
La columna forma parte de su sección habitual “Visión Económica” en Reforma y coinci
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