La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha vuelto a exigir al gobierno federal que fortalezca el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con el objetivo de mejorar la coordinación entre instituciones y garantizar la implementación de mecanismos efectivos de prevención, investigación, sanción y rendición de cuentas. La organización también ha pedido reforzar los controles, auditorías y supervisión en los tres órdenes de gobierno, así como aplicar sanciones contra los corruptos, especialmente los servidores públicos, y publicar indicadores verificables de sus resultados.
Coparmex también ha destacado la necesidad de simplificar, homologar y digitalizar trámites para reducir la discrecionalidad y facilitar la actividad empresarial. Además, ha propuesto la implementación de canales seguros y confidenciales para denuncias por parte de ciudadanos y empresas, y la promoción de una política de integridad pública que fortalezca el Estado de Derecho, la transparencia y la certeza jurídica.
El sindicato patronal señala que la corrupción sigue generando un alto costo económico y social en México. En 2025, el costo promedio por ciudadano fue de 3 mil 865 pesos, el nivel más alto en la última década. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 9.42 millones de personas fueron víctimas de al menos un acto de corrupción, lo que representó pérdidas cercanas a 17 mil millones de pesos.
Coparmex también ha recordado que la corrupción aumenta los costos de hacer negocios, desanima la inversión, genera incertidumbre jurídica y limita la creación de empleos formales. Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (Enve) 2024 del Inegi, el 98.9% de los actos de corrupción que enfrentan las unidades económicas permanecen impunes al no ser denunciados ni investigados.
El organismo, liderado por Juan José Sierra Álvarez, reiteró que un país que aspira a ser un destino confiable para la inversión necesita instituciones sólidas, reglas claras y un Estado de Derecho que garantice condiciones de legalidad para todos. La participación del sector empresarial y la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de las políticas anticorrupción es fundamental para fortalecer la vigilancia, la colaboración y la corresponsabilidad.
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