La Coordinación para la Atención de Casos en Organismos Internacionales de la Secretaría de Gobernación informó a Norma Andrade que no modificará la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para incorporar los términos “madre buscadora”, “persona buscadora” o “madre de víctima de feminicidio”, pese a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitida en diciembre de 2025.
En el caso García Andrade y otros vs México, la Corte determinó que el Estado falló en prevenir, investigar y sancionar la desaparición y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en Chihuahua en 2000. La resolución ordenó al gobierno mexicano reformar la ley para reconocer expresamente a las madres buscadoras como defensoras y garantizar su acceso al Mecanismo de Protección.
Nancy Desiderio Noyola, responsable de la coordinación, respondió por escrito que la legislación vigente ya permite identificar como defensoras a quienes realizan labores de búsqueda y exigencia de justicia. Según la dependencia, actualmente 339 personas agrupadas en 140 expedientes están registradas en el Mecanismo por esa actividad, sin necesidad de mencionar categorías específicas.
La misiva, a la que El Sol de México tuvo acceso, sostiene que nombrar explícitamente a las madres buscadoras resulta “redundante” porque la ley ya contempla la protección cuando se documentan riesgos derivados de su labor.
La Corte también exigió una campaña de sensibilización sobre el trabajo de estas mujeres. En respuesta, la administración federal indicó que la Secretaría de las Mujeres incluirá un apartado sobre su lucha dentro del curso “Vida sin violencia”, sin precisar fechas ni alcance.
Vanessa Gámez, madre de Ana Ameli García, desaparecida en julio de 2025 en la Ciudad de México, calificó la postura oficial como “una traición al dolor”. Afirmó que sin reconocimiento explícito las instituciones pueden dejar de aplicar medidas de
Las madres buscadoras enfrentan riesgos documentados: interrupción de búsquedas por presiones criminales, falta de acceso a fosas clandestinas y hostigamiento de autoridades locales. El reconocimiento legal, señalan, facilitaría denunciar violaciones y exigir recursos.
La negativa del gobierno ocurre cuando el país supera los 110 mil desaparecidos reconocidos oficialmente. En la mayoría de los casos, son madres quienes abandonan empleos y hogares para rastrear fosas, colocar cartelees y recolectar indicios que el Estado no produce.
Organismos internacionales han advertido que la omisión en tipificar la figura de
Etiquetas: desapariciones, madres buscadoras, Corte IDH, Secretaría de Gobernación, Lilia Alejandra García, protección a defensores, México · Desapariciones y fosas
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