Un juez de control vinculó a proceso a Ignacio Peralta Sánchez, exgobernador de Colima, y a Carlos Noriega García, quien fuera su secretario de Planeación y Finanzas, por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones. La decisión se adoptó tras una audiencia en la que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentó indicios sobre el manejo de recursos públicos entre 2016 y 2021.
Ambos exfuncionarios enfrentarán el proceso en libertad provisional. El juez fijó un plazo de cinco meses para que la Fiscalía profundice la indagatoria y para que la defensa aporte pruebas. La fiscal Esperanza Ramírez Vela adelantó que existen más carpetas abiertas contra exintegrantes del gabinete saliente y que podrían judicializarse conforme se cierren peritajes.

Durante la audiencia, Peralta defendió que las modificaciones presupuestarias cuestionadas —traslados de partidas sin control legislativo previo— estaban dentro de las facultades del Ejecutivo. Su defensa anunció que presentará dictámenes técnicos y opiniones jurídicas para demostrar que no se violó la Ley de Presupuesto y la Ley de Responsabilidades de Colima.
La Fiscalía no ha precisado el monto del presunto daño patrimonial, pero indicó que las transferencias se hicieron hacia programas sin reglas de operación y proveedores sin contrato. Los peritos revisan ahora cuentas bancarias oficiales y personales para cuantificar el desvío.

Carlos Noriega ya había sido inhabilitado por cinco años para ocupar cargos públicos tras un juicio político local por el mismo periodo. El Congreso estatal lo encontró responsable de autorizar pagos sin soporte y de omitir informes financieros en 2019 y 2020.
La administración de Peralta dejó un pasivo documentado por más de mil millones de pesos en proveedores y trabajadores, según la Secretaría de Finanzas actual. El Servicio de Administración Tributaria estatal también detectó adeudos por impuestos no enterados durante su gestión.

La fiscal Ramírez Vela afirmó que esta es la primera vez que un exgobernador colimense enfrenta un proceso penal por presunto peculado. La indagatoria incluye el análisis de 42 expedientes de obra pública que presentaron sobrecostos superiores al 40 % respecto de los precios de referencia.
El caso ha reabierto la discusión sobre la falta de controles al Ejecutivo en la entidad. Organizaciones civiles exigen que se publique el informe final de la Auditoría Superior del Estado correspondient
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