DATO DURO
La Fiscalía General del Estado de Baja California informó que al menos 17 personas han sido detenidas por su presunta participación en el llamado "cártel inmobiliario" que operaba en Tijuana. Entre los arrestados se encuentran dos presuntos líderes ya vinculados a proceso judicial.
Christian Pablo "N" y Aurelio "N" fueron capturados el 26 de marzo tras ser señalados por la apropiación violenta de 50 unidades habitacionales en el fraccionamiento Laderas del Mar Segunda Sección, en la zona de Playas de Tijuana. Un juez determinó que existen elementos suficientes para procesarlos por despojo de inmueble, asociación delictuosa y extorsión agravada.
Según el expediente, el grupo operaba mediante el arribo de sujetos armados a bordo de vehículos a las calles Alta Mar y Baja Mar. Los ocupantes eran desalojados forzosamente de sus viviendas para que la organización se apoderara de los inmuebles.
CONTEXTO
El 28 de marzo, elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía y la Agencia Estatal de Investigación ejecutaron dos órdenes de cateo en los fraccionamientos "El Soler" y "Cumbres de Juárez". En estos operativos fueron detenidas 13 personas más presuntamente vinculadas a la red criminal.
Contexto político
Durante los cateos se aseguraron dos inmuebles, un arma corta, 42 cartuchos, ocho dosis de presunta metanfetamina y 20 automóviles. Las autoridades no precisaron el rol específico de cada detenido dentro de la estructura delictiva.
El 30 de marzo se reportó la captura de una pareja de origen peruano-estadunidense. Sandra "N" fue detenida el 27 de marzo en la calle Laderas del Mar, mientras que Miguel Ángel "N" también quedó a disposición de las autoridades. Ambos enfrentan los mismos tres delitos que los presuntos líderes.
CONCLUSIÓN
El juez fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria contra Christian Pablo y Aurelio. Las autoridades no han informado sobre posibles vínculos de los detenidos con funcionarios públicos que pudieran haber facilitado las operaciones de despojo.
El caso pone en evidencia el crecimiento de esquemas de apropiación inmobiliaria mediante la violencia en zonas de desarrollo urbano de Tijuana, donde la demanda de vivienda ha generado conflictos por el control de terrenos y propiedades.
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