DATO DURO
El gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, declaró al Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista, siguiendo la línea de la administración de Donald Trump. La medida fue coordinada entre Cancillería, el Ministerio de Seguridad y áreas del sistema financiero argentino.
La designación se basó, según la oficina presidencial, en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas transnacionales y presuntos vínculos con otras organizaciones terroristas. El objetivo declarado es estrechar la cooperación internacional y dificultar operaciones financieras ligadas al grupo.
La decisión de Milei ocurrió menos de tres semanas después de la cumbre Escudo de las Américas en Miami, donde gobiernos de extrema derecha latinoamericana acordaron una coalición militar contra carteles. A ese encuentro no asistieron representantes de México ni Brasil.
En Jalisco, la designación internacional del grupo criminal reactiva interrogantes sobre la permeabilidad de instituciones locales. La entidad ha registrado décadas de operaciones del mencionado cártel con escasa efectividad de autoridades estatales para desmantelar sus estructuras de soporte logístico y financiero.
CONTEXTO
La presión de Washington sobre México se intensificó tras la designación de seis carteles mexicanos como terroristas en febrero de 2025. Desde entonces, el gobierno estadounidense ha amenazado con operaciones militares unilaterales en territorio nacional.
Contexto político
En respuesta a esa presión, fuerzas federales mexicanas ejecutaron operativos contra el grupo en febrero pasado, incluyendo la incursión en Tapalpa donde murió Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, líder de la organización. Sin embargo, la continuidad operativa del cártel plantea dudas sobre la profundidad real del golpe.
CONCLUSIÓN
La etiqueta de terrorismo, aplicada ahora desde Buenos Aires, obliga a examinar el marco jurídico mexicano. En México, los grupos criminales no tienen esa clasificación formal, lo que limita herramientas de cooperación internacional y congelamiento de activos en comparación con países que sí la aplican.
Para Jalisco, la designación argentina representa una nueva variable diplomática que podría afectar flujos financieros y operativos del grupo, pero también expone la necesidad de revisar protocolos de verificación de cuentas públicas y contratos estatales susceptibles de infiltración criminal.
La coordinación entre gobiernos de derecha para combatir al grupo contrasta con la ausencia de mecanismos equivalentes de rendición de cuentas a nivel local, donde denuncias de protección política al narco han quedado en impunidad sin investigaciones concluyentes.
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