DATO DURO
Tomás tenía 39 años cuando en marzo de 2013 acudió a la Fiscalía de Lerma, en el Estado de México, para denunciar un homicidio. Minutos después de presentar la denuncia fue retenido, golpeado y torturado dentro de las instalaciones, según su testimonio. Le aseguraron que en 72 horas quedaría libre, pero fue trasladado al penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez y nunca regresó a casa.
Su esposa Carmen lo esperaba afuera con comida, confiada en que saldría pronto. Cuando no ocurrió, inició una búsqueda que se convirtió en calvario. El abogado de oficio asignado a Tomás le pedía entre 20 mil y 30 mil pesos para agilizar su libertad, sin lograr resultados. La familia vendió un terreno para contratar abogado privado.
Un año después, Tomás fue sentenciado a 44 años de prisión pese a que testigos afirmaron que no era el responsable. Durante el proceso estuvo en hacinamiento: 17 personas compartían su celda. El defensor público inicial le recomendó declararse culpable para obtener reducción de pena, estrategia que no funcionó.
CONTEXTO
Víctor Delgado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), explicó que el caso presentó múltiples irregularidades. Tomás, proveniente de pueblos originarios, no recibió traductor desde su primera declaración. El defensor público asignado desconoció el asunto y admitió no tener conocimiento sobre pueblos originarios.
Carmen, con apenas educación primaria, lideró la lucha por la libertad de su esposo mientras este mantenía su inocencia. "Yo sentía que se me venía el mundo encima", recordó sobre el momento de la sentencia. La pareja enfrentó el proceso sin conocimientos legales ni recursos económicos suficientes.
CONCLUSIÓN
La Codhem intervino años después y logró que Tomás obtuviera amnistía. En marzo de 2026, tras once años de encierro, recuperó su libertad. El caso exhibe fallas estructurales en la administración de justicia: tortura en sede fiscal, defensa técnica deficiente, vulneración de derechos de personas indígenas y condenas pese a evidencia exculpatoria.
La historia de Tomás ilustra cómo la denuncia de un delito puede convertirse en sentencia para quien busca justicia, especialmente cuando hay orígenes marginados y desconocimiento de derechos.
Etiquetas: justicia, derechos humanos, pueblos originarios, Estado de México, prisión preventiva, tortura, amnistía, Nota roja institucional y fallas de seguridad
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