El activista Alexis Sánchez Cabanzo advierte que la desaparición de niños indígenas en México forma parte de una crisis sistemática que se invisibiliza frente a casos más mediáticos como Ayotzinapa. En regiones de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, familias denuncian la falta de protocolos de búsqueda adaptados a contextos lingüísticos y culturales.
La Fiscalía General de la República no publica cifras desglosadas por edad ni pertenencia étnica, lo que impide dimensionar el problema. Sánchez Cabanzo exige que se cree un registro nacional que incluya variables étnicas y se capacite a personal forense en interpretación de lenguas originarias.

La omisión, dice, reproduce la triple discriminación por edad, clase y origen. En los últimos cinco años, organizaciones comunitarias han documentado al menos 120 menores indígenas desaparecidos sin respuesta institucional. La ausencia de interpretes en ministerios públicos obliga a madres y padres a firmar actas que no comprenden.

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció en foros privados la carencia de políticas específicas, pero no ha presentado un plan de trabajo. Mientras tanto, las familias recorren fosas clandestinas con fotografías y huaraches, sin que las autoridades les proporcionan acompañamiento psicosocial.
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