El diputado federal Juan Carlos Valladares presentó una iniciativa para crear un marco legal que regule la actividad de los intermediarios inmobiliarios en México, ante la ausencia de reglas que, según advirtió, expone al comprador a fraudes y pérdidas patrimoniales. Actualmente cualquier persona puede ofrecer casas o departamentos sin contar con registro, formación ni responsabilidad legal.
El legislador sostuvo reuniones de trabajo con Jenny Althair Rivas Padilla, presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), y con Neil Castro, presidente de la misma asociación en San Luis Potosí, para definir los ejes de la propuesta. El objetivo es establecer estándares obligatorios de capacitación y ética que puedan ser verificados por los ciudadanos antes de contratar servicios de intermediación.
Entre las medidas planteadas figura la obligatoriedad de formalizar contratos desde el primer contacto entre el agente y el cliente, así como la definición por escrito de las comisiones y los servicios que se prestarán. La iniciativa también busca que la información ofrecida coincida con lo establecido en los documentos legales, para evitar promesas que luego no se cumplen.

La propuesta contempla, por primera vez, la creación de derechos exigibles para el comprador frente al intermediario. Esto significaría que los clientes podrían demandar penalmente o civilmente al agente en caso de incumplimiento, fraude o ocultamiento de información relevante sobre el inmueble.
Valladares subrayó que la falta de regulación ha generado conflictos legales y pérdidas económicas para miles de familias que ven frustrado su acceso a la vivienda. Con la nueva ley se busca cerrar espacios a prácticas como la venta de inmuebles con gravámenes, la duplicación de cartas de intención o la alteración de precios sin aviso previo.
El proyecto no persigue crear un permiso de existencia para los agentes, sino un registro público que permita al ciudadano conocer si quien le ofrece un trato cuenta con estudios, seguro de responsabilidad profesional y antecedentes limpios. La medida, según sus promotores, reduciría la incertidumbre en una de las decisiones financieras más importantes para las familias mexicanas.
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