Los Mochis, Sinaloa. La ceremonia de la primera piedra de la planta de metanol Pacífico Mexinol terminó trasladada a un hotel y bajo reclamo de pueblos originarios que denuncian falta de consulta previa. El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, aprovechó el acto para advertir que la inversión de 3.3 mil millones de dólares sólo prosperará si el gobierno garantiza
“La inversión es como el agua: fluye cuando existen las condiciones adecuadas y desaparece cuando no las hay”, dijo Johnson ante empresarios y autoridades estatales. Subrayó que el sector privado exige certeza,

La planta, que promete ser “la instalación de metanol de ultra bajas emisiones más grande del mundo”, se construirá en Topolobampo. La concreción de la obra depende, según el diplomático, de que las autoridades mexicanas eliminen prácticas corruptas y cumplan compromisos legales.
La ceremonia original debió suspenderse en el puerto tras la irrupción de activistas y miembros del pueblo mayo yoreme. Manifestantes acusaron al gobernador Rubén Rocha de autorizar la obra sin consulta previa y vandalizaron la publicidad del evento.

La protesta evidencia la tensión entre proyectos de alto capital y derechos indígenas. La falta de consulta, prevista en la ley, puede traducirse en demandas que retrasen o cancelen la inversión.
Johnson no se refirió directamente al conflicto social, pero insistió en que “la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”. La frase fue interpretada como un recordatorio al gobierno estatal y federal sobre los riesgos de dejar pendientes el estado de derecho.

La Secretaría de Economía del estado no respondió a los cuestionamientos sobre si se realizó la consulta indígena. La empresa Pacífico Mexinol tampoco ha presentado públicamente el estudio de impacto social.
Con 3.3 mil millones de dólares en juego, la advertencia del embajador convierte al proyecto en un test para verificar si Sinaloa logra blindar procesos transparentes o r
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