Un tribunal federal de apelaciones en Washington D. C. determinó que la administración Trump actuó fuera de la ley al suspender los procesos de asilo en la frontera con México, argumentando una supuesta “invasión”. La decisión revoca la proclama emitida el primer día del segundo mandato del presidente estadounidense.
La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU) impugnó la medida desde su anuncio. Su abogado principal, Lee Gelernt, celebró el fallo al señalar que “esta decisión pone fin a la inhumana política de Trump de enviar a personas, incluidas familias con niños pequeños, de regreso a situaciones de peligro extremo sin siquiera celebrar una audiencia”.
El fallo confirma que la Ley de Inmigración y Nacionalidad no permite al presidente negar sistemáticamente el acceso al asilo con base en declaraciones políticas sin sustento legal. Los jueces indicaron que la urgencia invocada por la Casa Blanca no justificó la omisión de audiencias individuales ni la devolución automática de solicitantes.
Activistas en Tijuana y Ciudad Juárez reportaron que, durante los primeros meses de vigencia de la prohibición, centenares de migrantes fueron devueltos a ciudades fronterizas mexicanas sin evaluación de riesgos. Muchos permanecieron en albergues saturados mientras aguardaban alternativas legales que ahora podrían reanudarse.
La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana no emitió posicionamiento inmediato, pero la decisión podría reducir la presión sobre los sistemas de refugio locales. Organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estiman que el fallo restablece la posibilidad de ingresar a Estados Unidos con garantías mínimas de debido proceso.
Con esta resolución, los solicitantes que fueron rechazados en forma colectiva
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