En sesiones de la Cámara de Diputados, integrantes de la Comisión de Economía y Competitividad presentaron un dictamen preliminar que propone endurecer los criterios de concentración económica aplicables a las grandes empresas de internet.
El documento fija umbrales de participación de mercado más bajos y autoriza a la COFECE a investigar de oficio posibles abusos de posición dominante.
Según la iniciativa, cualquier adquisición superior a 70 millones de unidades de inversión realizada por una plataforma con presencia nacional deberá notificarse obligatoriamente al regulador, independientemente del volumen de facturación local.
El artículo 6 del proyecto establece sanciones de hasta el 8% de los ingresos totales de la compañía en México si se comprueba práctica monopólica. Representantes de la industria advirtieron que la medida podría desincentivar la inversión en centros de datos y servicios en la nube.
La asociación que agrupa a Amazon, Meta, Apple y Google en el país envió un posicionamiento en el que sostiene que la norma “no reconoce la dinámica de innovación” del sector y elevaría costos operativos que podrían trasladarse a consumidores y pymes.
Contrario a ese argumento, organizaciones de comerciantes electrónicos nacionales respaldaron la reforma al señalar que los algoritmos de preferencia perjudican a emprendedores locales que compiten en marketplaces.
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Alejandro Moreno Cárdenas, subrayó que la iniciativa busca “garantizar condiciones equitativas” y evitar que el capital extranjero condicione precios y acceso a datos.
La COFECE informó que, de aprobarse la modificación, requerirá al menos 18 meses para adecuar sus protocolos de investigación y capacitar personal especializado en economía digital. Mientras tanto, la Secretaría de Economía prepara un reglamento secundario que definirá qué servicios se consideran “esenciales” y estarán sujetos a supervisión estricta.
Entre ellos figuran motores de búsqueda, tiendas de aplicaciones, plataformas de entrega de alimentos y servicios de pago móvil. El pleno de la Cámara espera votar el dictamen antes del receso de agosto; si se aprueba, entraría en vigor el 1 de enero de 2025.
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