El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue formalmente acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de conspirar para introducir narcóticos a Estados Unidos y de posesión de armas de alto poder, delitos que pueden imponerle cadena perpetua con una pena mínima obligatoria de 40 años.
El fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, presentaron la imputación este miércoles junto con la acusación contra nueve colaboradores del mandatario morenista.
Entre los señalados figuran el senador Enrique Inzunza Cazares; el exsecretario de Administración Enrique Díaz Vega; el fiscal general adjunto Dámaso Castro Zavala; los exmandos policiales Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez y José Antonio Dionisio Hipólito “Tornado”; el alcalde sustituto de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, y el excomandante de la policía municipal Juan Valenzuela Millán “Juanito”, quien podría ser sentenciado automáticamente a cadena perpetua.
Las autoridades estadounidenses sostienen que todos los imputados son servidores públicos actuales o anteriores que operaron en favor del Cártel de Sinaloa, facilitando el tráfico de drogas y el uso de armamento militar.
La acusación no detalla montos de narcóticos ni fechas de operaciones, pero establece que las conductas abarcaron al menos el periodo en que Rocha Moya ha sido gobernador.
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó haber recibido solicitudes de extradición un día antes del anuncio y remitió el trámite a la Fiscalía General de la República para analizar la viabilidad jurídica bajo el sistema mexicano. Hasta el cierre de esta edición, el gobernador no se había pronunciado públicamente sobre la acusación.
Si la petición prospera, Rocha Moya deberá enfrentar juicio en Nueva York, donde los delitos de narcotráfico con armas de fuego no contemplan libertad bajo fianza.
Etiquetas: Rocha Moya, Sinaloa, Cártel de Sinaloa, DEA, extradición, narcotráfico, Narco-Política
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