La acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios estatales por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa ha generado una crisis diplomática y política de alto impacto.
Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los implicados habrían conspirado para permitir el ingreso de grandes cantidades de heroína, cocaína y fentanilo a territorio estadounidense a cambio de apoyo político y sobornos.
La denuncia vincula directamente a los funcionarios con la facción de Los Chapitos, acusándolos de proteger operaciones delictivas y facilitar información sensible.
La embajada de Estados Unidos en México respaldó públicamente la acusación, lo que provocó una reacción inmediata por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que denunció la falta de pruebas en las solicitudes de extradición y la violación de los tratados bilaterales por la divulgación pública del caso.
Rocha Moya rechazó categóricamente las acusaciones, asegurando que carecen de fundamento y calificándolas como un ataque político en contra del movimiento que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hasta el momento no se ha pronunciado.
En su primera declaración tras el anuncio, el mandatario estatal afirmó sentirse tranquilo y aseguró que “no pasará nada”. La Fiscalía General de la República informó que abrirá una investigación para determinar si existen elementos que sustenten las acusaciones hechas por autoridades estadounidenses.
Mientras tanto, la oposición mexicana ha reiterado sus advertencias sobre la presunta infiltración del crimen organizado en instituciones locales, y el gobierno federal ha cerrado filas en torno al gobernador.
Etiquetas: Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Cártel de Sinaloa, EE.UU., extradición, narcotráfico, diplomacia, 4T
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