La Cámara de Diputados y el Senado aprobaron una reforma que amplía las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para detectar y sancionar el mal uso de recursos públicos federales. El cambio le permite iniciar investigaciones sin denuncia previa, lo que acorta los tiempos de reacción ante posibles desvíos.
Además, elimina las “solicitudes de aclaración”, figura que las entidades fiscalizadas usaban para postergar la asignación de responsabilidades.
La reforma crea el Sistema Nacional de Registro de Información y Datos Relacionados, plataforma obligatoria donde dependencias y gobiernos locales deberán cargar datos del gasto, incluidas las participaciones federales del Ramo 33.
En paralelo, se establecen “Auditorías Especializadas” integradas por personal certificado y se endurecen las penalizaciones por ocultar información. Otra novedad es la autorización para que entidades estatales de fiscalización coadyuven con la ASF en la revisión de recursos federales, lo que podría multiplicar los puntos de control.
El texto sanciona a los servidores públicos que admitan presiones políticas y fija un límite de 120 días hábiles para que la Auditoría resuelva si hay responsabilidad, archivo o conclusión.
La iniciativa también modifica la Ley de Coordinación Fiscal para blindar la independencia de los órganos auditores locales y facilita que investiguen faltas administrativas graves en cualquier momento, incluso fuera del ejercicio fiscal que se revisa.
Con estos cambios, el Congreso busca cerrar vías de impunidad, aunque quedará pendiente ver si los recursos humanos y presupuestales de la ASF crecen al mismo ritmo que sus nuevas atribuciones.
Etiquetas: Auditoría Superior de la Federación, combate a la corrupción, gasto público, Ramo 33, rendición de cuentas, reforma, México · Corrupción y desvíos
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