Para millones de personas en movilidad en México, la incertidumbre no es una etapa temporal: es la condición permanente de su día a día. Las mujeres y las personas LGBTIQ+ que cruzan el país enfrentan riesgos específicos que transforman cada trayecto en una apuesta por la supervivencia.
La violencia sexual, la trata de personas, la explotación laboral y la exclusión de servicios de
Ante este escenario, ONU Mujeres y la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México implementan el Programa "Centros Multiservicios para la Inclusión y el Desarrollo". La iniciativa busca ofrecer atención integral a mujeres retornadas, migrantes y refugiadas en distintas regiones del país.
En Ciudad Juárez, Patricia Larrea, coordinadora del equipo de voluntarias, trabaja en la respuesta para mujeres desplazadas. Su labor incluye la articulación con organismos internacionales e instituciones de los tres niveles de gobierno, además de una función de verificación: contrastar lo que establecen los protocolos escritos con la atención real que reciben las mujeres en situación de movilidad.
En Tijuana, Alejandra Domínguez brinda orientación jurídica diaria. La pregunta que más repiten las mujeres y personas LGBTIQ+ que llegan a consultar es elemental: ¿cuáles son mis derechos?
La operación de estos centros depende de una coordinación que trasciende las buenas intenciones documentadas. Requiere orientación jurídica efectiva, contención emocional y sistemas institucionales que resistan la presión operativa, no solo el diseño normativo.
El texto original se interrumpe durante la descripción del trabajo de Alejandra Domínguez, sin proporcionar detalles completos sobre el alcance de la orientación jurídica ni resultados verificables del programa.
Etiquetas: migración, frontera, refugiados, derechos humanos, violencia de género, Ciudad Juárez, Tijuana, Migración · Frontera y refugiados
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