Este 10 de mayo decenas de miles de madres mexicanas celebran sin sus hijos. El país supera ya 130 mil personas no localizadas y el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) decidió que la gravedad del problema justifica una intervención sin precedentes.
El 2 de abril el CED invocó el artículo 34 de la Convención Internacional y remitió la situación de México a la Asamblea General de la ONU. Es la primera vez que se utiliza ese procedimiento. La resolución obliga al gobierno mexicano a aceptar asistencia técnica y financiera para la búsqueda, la identificación forense y las investigaciones.
También ordena proteger a los colectivos de familias buscadoras, que en lo que va de 2026 suman ya varios asesinatos. El pronunciamiento de la ONU da la razón a organizaciones nacionales que durante años han denunciado la inacción de fiscalías estatales y la falta de una política sistemática de búsqueda.
Tanto el sistema interamericano como distintos mecanismos de la ONU han reiterado recomendaciones que siguen sin cumplirse. La decisión del CED convierte la crisis de desapariciones en un asunto de agenda internacional y abre una ventana para que el Estado reciba recursos y asesores externos sin que esto signifique pérdida de soberanía.
Las organizaciones que suscriben el llamado —WOLA, Fundación para el Debido Proceso y el Centro Robert F. Kennedy— piden al gobierno aceptar la ayuda y escuchar a las víctimas. La medida representa una oportunidad de mejorar protocolos de investigación, fortalecer la base de datos forenses y reducir la impunidad que rodea el 98% de las denuncias.
Aceptar la cooperación, advierten los expertos, es también un acto de reconocimiento a la dignidad de las familias y su derecho a la verdad y a la justicia.
Etiquetas: Desapariciones, ONU, Derechos Humanos, México, México · Desapariciones y fosas
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