Las autoridades de Madagascar mantienen en prisión arbitraria a cuatro jóvenes activistas acusados con cargos vagos de asociación para delinquir y amenazas a la
El gobierno militar, instalado en octubre de 2025 tras el golpe que derrocó al presidente saliente, prometió reformas profundas; sin embargo, ha optado por intensificar la represión contra quienes denuncian corrupción y exigen transparencia. Activistas juveniles, organizaciones de la sociedad civil y antiguos funcionarios son señalados como promotores de la desestabilización.
Harnelle Rakotobe y Arimamy Todisoa fueron citados por la policía y enfrentan el riesgo inminente de detención tras recibir acusaciones que, según sus abogados, carecen de pruebas. Organismos de derechos humanos advierten que se utiliza el pretexto de la lucha anticorrupción para criminalizar la disidencia.
Dos manifestantes que permanecían recluidos en la Unidad de Investigación Criminal fueron trasladados a un hospital bajo custodia; su estado de
Amnistía Internacional exige la liberación inmediata e incondicional de los activistas y el cese del hostigamiento. La organización subraya que el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica está siendo sistemáticamente vulnerado.
La represión actual contrasta con el origen de las protestas, que en 2025 fueron encabezadas por estudiantes y jóvenes profesionales para reclamar acceso al agua potable, electricidad estable y una gobernanza más inclusiva. Las marchas pacíficas derivaron en enfrentamientos cuando fuerzas de
Analistas locales advierten que la criminalización de la protesta socava la legitimidad de la junta militar y profundiza la desconfianza institucional. Garantizar procesos judiciales justos y respetar las garantías constitucionales, afirman, es clave para evitar una escalada de violencia en el país insular.
Etiquetas: Madagascar, derechos humanos, activistas, libertad de expresión, golpe de Estado, represión, Protestas globales · Golpes y crisis de régimen
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