“A punta de pistola” y con la presencia de elementos de la Guardia Nacional y la policía municipal fueron despojadas cuatro personas, luego de que el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California (RPPC) inscribió irregularmente un acta de embargo precautorio apócrifa, denunciaron los abogados de los afectados, Vicente Peña y Patricia Guzmán. El despojo fue hecho presuntamente por Erika Miroslava Limón Enciso, alias Erika Limón, que es coordinadora estatal de gestión social y política de la CTM y quien ha presumido sus vínculos con personajes políticos como la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, su exesposo Carlos Torres, el titular del RPPC Carlos Murguía y el regidor de Tijuana, Arturo Aguirre González, entre otros, acusaron los representantes legales.
Publicidad Edición Impresa Reportajez Líder sindical en cártel inmobiliario Por Rosario Mosso Castro mayo 18, 2026 WhatsApp Telegram Foto: Julieta Aragón L a Fiscalía General de Baja California investiga a Erika Miroslava Enciso Limón, alias Erika Limón, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores, Obreros de Industria y Asalariados del Campo, Similares y Conexos (SINTOIAC), a Cristian Cota e Ignacio Roel García de la Rosa como presuntos integrantes de otro cártel inmobiliario, responsables de amenazas, fraude y del despojo de 3. 5 hectáreas en las inmediaciones del bulevar García en el Cañón del Sainz en Tijuana.
Juez ya ordenó y ejecutó una restitución, pero la gente de Enciso los volvió a despojar. En la Fiscalía General del Estado (FGEBC) explicaron que existen cuatro o cinco carpetas con diversos ofendidos que aducen circunstancias similares: “En distintas fechas del 2024, acudieron estas personas y tomaron posesión de sus inmuebles y los sacaron. Cuando reclamaron, les presentaron un acta de embargo, radicada en una Junta Federal de conciliación y arbitraje de la Ciudad de México, que es donde está el fraude procesal que aún se está investigando”.
Publicidad El embargo precautorio presentado por las personas encabezadas por Enciso, indica que en 2009 Juventino Escobar Téllez interpuso y ganó un juicio laboral en la Ciudad de México contra Servicios Corporativos Milano S. A. de C. V. , por siete mil pesos. Ese expediente archivado en la Junta Laboral Número 4 fue revivido en año 2023. “…con los nombres y la cantidad demandada cambiada. En la parte actora aparece el nombre José Luis Salcedo Barrón, cuya residencia está en Ciudad de México y en el demandado aparece Arsenio Otáñez, cuyo predio de 47 hectáreas -donde se incluyen las 3.
5 hectáreas que vendió a los denunciantes- se ubica sobre el bulevar García en Tijuana, y no tiene ninguna relación con el juicio laboral”, detallaron en su momento, los abogados Vicente Peña y Patricia Guzmán. El problema es que la investigación de la fiscalía aún no llega al punto de corroborar la falsedad de estos documentos. Sin embargo, lo que sí probaron en la fiscalía es que Enciso y compañía no estaba en facultad legal de sacarlos del predio con el apoyo de elementos de la policía local y de la Guardia Nacional.
Publicidad Un investigador del área de patrimoniales de la fiscalía corroboró que el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California (RPPCBC) inscribió el cambio de titular de la propiedad registral con un embargo precautorio, cuando un embargo precautorio no cambia propiedad; eso puede hacerse sólo con una sentencia de adjudicación que no existe. “Para ponerte en posesión, tiene que constituirse un actuario, para quitar la posesión a quien la tenga y colocar en depositaría a la persona que vaya a designar como depositario judicial ante las autoridades civiles o el trabajo. En este caso no existe una diligencia actuarial de tal naturaleza”, agregó.
Publicidad REINCIDEN EN CONDUCTA DELICTIVA En la FGEBC informaron que, con fundamento en las irregularidades mencionadas, el año pasado consiguieron la restitución de más menos una de cuarta parte del terreno, los dueños cercaron y cinco meses la misma gente regresó y los volvieron a sacar del inmueble. “Cuando un juez de control te quita la propiedad y se la pone en posesión del ofendido, y tú vas y lo vuelves a sacar, es evidente que esa posesión que estás detentando no es de buena fe, que es ilícita”, indicó. — ¿Si ya restituyeron parte de la propiedad, quiere decir que todas las demás se tendrían que restituir? “Con la suficiencia de datos, así es.
Al final de cuentas la restitución la ordena un juez y cada juez tiene una valoración probatoria distinta; pero si consideramos que es el mismo mecanismo de operación, es el mismo documento que ellos aluden con lo cual detentan su propiedad y un juez de control ya lo desestimó, en los otros asuntos que son de similar naturaleza tendrá que existir el mismo resultado”.
DENUNCIA POR FRAUDE, AMENAZAS Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD El 11 de marzo del 2024, José Gómez denunció y en la fiscalía inició la carpeta de Investigación 0204-2024-11491 en contra de Erika Miroslava Enciso Limón, Cristian Cota, Ignacio Roel García de la Rosa y quien resulte responsable, por el delito de fraude.
En sus declaraciones, Gómez aseguró que los integrantes de este grupo, primero lo convencieron de que ellos harían los trámites y le ayudarían a vender el terreno; después intentaron cobrarle una comisión del 12 por ciento por la venta del terreno sin hacer nada; más tarde realizaron trámites “fraudulentos” en el Registro Público para intentar despojarlo; y finalmente, enviaron un sujeto armado para amenazarlo en repetidas ocasiones para obligarlo a entregar la propiedad. El pleito legal gira en torno un predio registrado con folio real 862955, en colonia zona sur de esta ciudad, municipio de Tijuana, superficie cinco mil 990.
23 m 2 ; y folio real 1636470, lote 333, manzana 978, con clave catastral WM-978-333, colonia Cañón del Sainz, delegación Sánchez Taboada, y superficie cuatro mil 757. 44 m 2 .
Etiquetas: fraude inmobiliario, SINTOIAC, Fiscalía General de Baja California, México · Fraudes, estafas y despojos, México · Fraudes, estafas y despojos
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