El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios más de conspirar para importar narcóticos, portar armas y recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de los Chapitos, a cambio de protección y colocar operadores en puestos clave.
Rocha rechaza los cargos y alega motivaciones políticas. El patrón se repite: Genaro García Luna fue condenado en Nueva York a 38 años por proteger al mismo cártel; el general Salvador Cienfuegos fue detenido en EE. UU.
por presuntos vínculos con el CJNG, luego liberado en México por “falta de pruebas” pese a la evidencia que presentó la DEA; Joaquín “El Chapo” Guzmán fue capturado aquí, pero juzgado y sentenciado allá. El fenómeno cruza fronteras: Nicolás Maduro también fue acusado por narcotráfico en tribunales estadounidenses.
La humillación no proviene de Washington, sino de constatar que el narco sigue infiltrando al Estado mexicano. Soberanía no puede significar impunidad: la dignidad nacional se mide en la capacidad de investigar y sancionar a los corruptos sin importar su cargo.
México requiere una fiscalía autónoma, inteligencia confiable y un sistema de justicia que no se doblegue. Mientras no logremos esa tarea básica, seguiremos dependiendo de que otro país haga el trabajo que deberíamos hacer nosotros mismos.
Etiquetas: Rubén Rocha Moya, Cártel de Sinaloa, Chapitos, EE.UU., narcotráfico, corrupción, justicia, soberanía
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