La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, ha exigido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, que brinde una explicación pública sobre los audios que involucran su cancelación de visa estadounidense. López Rabadán señaló que hay elementos jurídicos que ameritan un análisis de la actuación de la gobernadora, advirtiendo de un posible conflicto entre intereses personales y responsabilidades públicas.
Durante una conferencia de prensa, la legisladora destacó que el caso se ha extendido más allá de la cancelación de una visa, y ahora implica el posible uso de información relacionada con las mesas de
López Rabadán formuló cinco interrogantes que considera que la mandataria debe responder: quiénes fueron las personas con las que Ávila sostuvo las conversaciones reveladas en los audios; si su objetivo era solo recuperar su visa o también descubrir si existía una investigación en su contra; las razones de la retirada de su visa; si enfrenta algún expediente o requerimiento en Estados Unidos; y si las autoridades mexicanas estaban al tanto de dichas gestiones.
Además, la presidenta de la Cámara de Diputados cuestionó la contratación de un abogado especializado en delitos financieros, corrupción y lavado de dinero, aclarando que esto no constituye una prueba de un ilícito, pero sí requiere esclarecer el motivo de tal contratación y si se utilizaron recursos públicos.
Respecto a las posibles consecuencias legales, López Rabadán indicó que existen diversas figuras previstas en la ley, aunque reconoció que cualquier procedimiento dependería de las mayorías legislativas. Afirmó que la separación de Del Pilar del cargo debería ser una decisión ética y de honorabilidad.
También pidió que el caso de Baja California sea tratado con la misma seriedad que otros expedientes relacionados con gobernadores, como el caso de Chihuahua, donde a MarI Campos se le acusó de traición a la patria y violar la soberanía nacional. «Tener un rasero distinto no prestigia a la política», declaró.
López Rabadán insistió en que su postura no busca adelantar responsabilidades penales, sino exigir transparencia. «La gobernadora de Baja California debe dar la cara, debe informar y debe dar certezas de transparencia. México merece respuestas. Baja California merece respuestas», concluyó.
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