Agentes de la Fiscalía General de la República ejecutaron un cateo en una bodega de la Ciudad de México rentada por el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien junto a su hermano Fernando es señalado de encabezar una red de "huachicol fiscal" que operaba a través de aduanas marítimas con presunta complicidad de servidores públicos.
Durante el operativo, las autoridades aseguraron armas de fuego, objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y altos mandos de la Marina, así como documentación de
Según informó la fiscal Ernestina Godoy, la estructura criminal utilizaba buques que zarpaban principalmente desde Texas cargados con hidrocarburo, el cual se declaraba falsamente como aceite o aditivo para modificar su tratamiento fiscal. Por cada embarque que lograba pasar, agentes aduanales y servidores públicos coludidos recibían pagos.

Las inspecciones, cuando ocurrían, eran simulaciones. La red garantizaba muestreos superficiales, aprobaba volúmenes manipulados y coordinaba maniobras para liberar el combustible sin revisión real. Los cómplices contaban con calendarios de arribo que les permitían desactivar cámaras de vigilancia durante los desembarques.
Una vez en territorio nacional, el producto se distribuía mediante tres empresas legalmente constituidas. Posteriormente, una red de compañías fachada y triangulaciones financieras daba apariencia lícita a las ganancias obtenidas del contrabando.

La investigación identificó operaciones de esta misma red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México. Los hermanos Farías habrían aprovechado sus influencias dentro de la Secretaría de Marina para colocar personal clave en puestos estratégicos, facilitando así el ingreso clandestino de hidrocarburos.
El caso pone en evidencia una estructura de corrupción que, según las autoridades, combinaba recursos de inteligencia naval, complicidades aduanales y mecanismos de lavado de dinero para sostener una operación de contrabando de combustible a escala nacional.
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