DATO DURO
Un grupo de más de 40 mujeres periodistas y cerca de 20 organizaciones exigieron a las autoridades de Querétaro garantizar la participación equitativa de las comunicadoras en actos gubernamentales y el acceso igualitario a la información. La protesta surgió tras una reunión celebrada el 11 de marzo en la XVII Zona Militar, donde participaron únicamente hombres.
El encuentro, convocado según el comandante José Guillermo Lira Hernández a petición de algunos medios, reunió al mando militar, funcionarios estatales y representantes de comunicación, todos varones. Entre los asistentes figuraron directores de medios, columnistas y especialistas en
La organización Artículo 19 documentó la exclusión y alertó que el incidente evidencia patrones persistentes de discriminación y misoginia en los medios de comunicación. La agrupación subrayó la necesidad de visibilizar las barreras que enfrentan las periodistas en el ejercicio profesional.

La situación se agravó con declaraciones de algunos comunicadores que minimizaron la protesta. Mario León Leyva, director del Diario de Querétaro, afirmó en un podcast que a las comunicadoras "les ardió" la exclusión y que si no fueron convocadas "es porque no importan". Otros periodistas hombres utilizaron expresiones como "están ardidas" para descalificar las quejas.
CONTEXTO
Ante estas respuestas, Artículo 19 condenó los discursos machistas y reiteró que la falta de equidad en espacios de decisión perpetúa la desigualdad en el sector periodístico.
Contexto político
El lunes siguiente, durante la conferencia "Contigo Informamos" del gobernador Mauricio Kuri González, periodistas mujeres realizaron una protesta silenciosa. Isabel Posadas Méndez, conductora, tomó la palabra para exigir compromisos concretos.

CONCLUSIÓN
Solicitó que las mujeres sean consideradas, recibidas y atendidas en igualdad de condiciones, con la misma cantidad de entrevistas y convenios de publicidad para medios encabezados por mujeres que para los dirigidos por hombres.
La respuesta del gobernador no quedó registrada en el texto disponible. Tampoco hay registro de posibles sanciones o medidas correctivas por parte de las instituciones involucradas.
El caso ilustra las presiones que enfrentan los gobiernos estatales y municipales en materia de equidad de género, particularmente en espacios tradicionalmente masculinizados como la.
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