El robo y contrabando de combustible en México no solo financian a los cárteles del narcotráfico, sino que también se destinan a financiar campañas políticas, influir en medios de comunicación y sobornar a funcionarios, según un informe del gobierno de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de EE. UU.
indica que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa utilizan recursos del mercado ilícito de hidrocarburos para favorecer la elección de políticos que protejan sus intereses.
La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) explica que, a cambio, los grupos criminales logran colocar aliados en puestos administrativos clave, lo que facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos públicos para lavar recursos de origen ilícito.
El documento describe un esquema de evasión fiscal y lavado de dinero conocido como 'huachicol fiscal', que consiste en importar combustibles desde Estados Unidos hacia México mediante la evasión del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
FinCEN detalla que la operación comienza con la adquisición de combustible en terminales de exportación de Texas y su canalización hacia empresas fachada y compañías fantasma. El combustible cruza la frontera declarado falsamente como aceites residuales u otros productos para evitar el pago de impuestos, facilitado por actos de corrupción en las aduanas.
Los intermediarios mexicanos utilizan permisos para comercializar, pero no importar, combustibles, recurriendo a documentación y facturación falsas para ocultar el origen estadounidense. El combustible, una vez en México, es almacenado en instalaciones controladas por organizaciones criminales y distribuido a través de gasolineras fachada o 'cachimbas'.
FinCEN cita estimaciones según las cuales entre una cuarta parte y una tercera parte del combustible comercializado en México provendría de este mercado ilícito.
Los cárteles utilizan transferencias electrónicas internacionales, pagos con criptomonedas estables y depósitos estructurados en efectivo para enviar recursos a proveedores en Estados Unidos, y luego lavar el dinero mediante la adquisición de vehículos de lujo, bienes inmuebles y otros activos.
En junio de 2026, el gobierno de Estados Unidos sancionó a presuntos operadores financieros vinculados con estas redes, entre ellos Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como un presunto operador financiero del CJNG encargado de administrar empresas fachada y falsificar documentación aduanera, y J. Refugio Ruiz Villagómez.
Etiquetas: huachicol, combustible, narcótrafico, corrupción, Estados Unidos, México, Gobiernos Estatales
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