Una jueza de Campeche ha ordenado desalojar a unas 40 familias menonitas y entregar la posesión de un predio de 342 hectáreas a un reclamante que no acreditó su propiedad, a pesar de que los productores aseguran contar con un título inscrito desde 2012 y validado por autoridades federales.
Johan Neufeld Wall, propietario del terreno y representante de la comunidad menonita, denunció que la jueza de Control del Primer Distrito Judicial del estado, Ana Maribel de Atocha Huitz May, concedió la posesión provisional del predio en disputa a Luis Huitz Villarreal, quien sostiene que se trata de 'tierras nacionales', sin presentar un documento que acreditara ser propietario.
La compraventa del predio denominado 'El Progreso y El Porvenir', ubicado entre las comunidades de Francisco J. Mújica y Dzibalchén, se realizó en 2012 y fue escriturada en la Notaría Pública Número 12 de Campeche, a cargo de Alberto Fuentes Tzec.
Según los representantes de la comunidad, Huitz Villarreal argumentó ser posesionario de terrenos colindantes y promovió un recurso para reclamar la posesión del predio en disputa.
La jueza ordenó al Ministerio Público desalojar a las familias menonitas y entregar provisionalmente las 342 hectáreas a Huitz Villarreal, mientras continúa el juicio para determinar la propiedad definitiva. Johan Neufeld lamentó que el daño es muy grande, ya que tienen invertidos entre 10 y 15 años de trabajo y todo ese esfuerzo se pierde.

El litigio, que inició hace cuatro años, ha provocado pérdidas económicas a las familias afectadas, que además de enfrentar gastos legales no han podido sembrar ni cosechar maíz, sorgo y soya.
Representantes de la comunidad menonita y del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) acudieron a la Secretaría de Gobernación para solicitar su intervención, al considerar que en Campeche se les ha negado el acceso a la justicia.
El dirigente del FNRCM, Eraclio Rodríguez Gómez, aseguró que la documentación de propiedad de los menonitas ha sido validada por dependencias federales, como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que presentarán una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial para que investigue la actuación de la jueza.
El FNRCM advirtió que, si la Secretaría de Gobernación no interviene, realizará movilizaciones para exigir la restitución del predio.
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