La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de Argentina enfrenta una dura represión que busca desmantelar el patrimonio nuclear del país para sustituirlo por tecnología importada de Estados Unidos.
Javier Milei, junto a instituciones como el INTI, INTA, CONICET y la Universidad Pública, ha venido impulsando esta agenda con operativos de represión setentista. La represión en la CNEA recuerda a la Noche de los Bastones Largos, con gendarmes irrumpiendo en un organismo científico y desalojando a investigadores.

Esta situación ha llevado a despidos masivos y a la expulsión de científicos, mientras se colocan funcionarios sin formación en cargos estratégicos. Los despidos en la CNEA, más de 170 en una sola jornada, son solo la punta del iceberg de un proceso que busca reemplazar el conocimiento científico por la lógica del negocio privado.
Los nombres de los funcionarios designados, como Martín Porro, Federico Ramos Napoli, José Ignacio Bruera y Felipe Randle, contrastan grotescamente con su falta de experiencia técnica y formación universitaria, mientras reciben sueldos siderales.

Científicos con quince años de experiencia son expulsados por correo electrónico, mientras que los operadores políticos legos ocupan puestos clave. La narrativa oficial presenta un reactor nuclear-modular privado en Atucha, financiado por capitales estadounidenses, como la 'inversión más importante en 20 años'.
Sin embargo, esto confirma que el Estado está abdicando de su rol en un sector estratégico. Mientras se desfinancia el proyecto CAREM, un reactor modular íntegramente argentino con un 70% de avance, se celebra la 'elección' de Argentina para instalar un reactor privado extranjero.

El conocimiento acumulado durante décadas se entrega a manos externas, y los científicos nacionales son desplazados por la lógica del mercado. El resultado es un retroceso de Argentina en el ámbito nuclear de sesenta años.
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