En México ya suman más de 130 mil personas reportadas como no localizadas. Las seis entidades que encabezan la lista son Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Michoacán y el Estado de México, según datos revisados por Servicios Para una Educación Alternativa.
Detrás de la cifra hay perfiles vulnerabilizados: diferencias de género, edad, origen social y contextos que incrementan el riesgo de desaparición. La activista María Luisa Aguilar Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, advierte que el fenómeno no es homogéneo y que cada caso revela brechas de exclusión.
Quienes se organizan para buscar a sus familiares enfrentan obstáculos adicionales. Marta Pablo Cruz, presidenta de Oaxaqueños buscando a los nuestros, relata que su labor es respondida con criminalización, amenazas y violencia; pero también con inacción estatal y desinterés social.
Yesica Sánchez Maya, del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, señala que la desaparición de mujeres en la entidad crece sin que exista una respuesta institucional efectiva. La falta de protocolos claros, presupuesto especializado y peritajes independientes obliga a las colectivas a realizar rastreos de campo propios.
La deuda del Estado, coinciden las entrevistadas, no solo es localizar a las víctimas, sino garantizar verdad, justicia y condiciones para que nadie más desaparezca.
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