El silencio de Tula, comunidad indígena en las montañas de Guerrero, se rompió con ladridos y explosiones. Hombres armados de Los Ardillos ingresaron al amanecer, dispararon fusiles y lanzaron bombas desde drones contra las casas.
El saldo: tres vecinos muertos, todo el pueblo en llamas y más de cien personas corriendo hacia Alcozacán, a quince minutos por carretera. María Cabrera, artesana de 74 años, llora bajo una frazada: «Quemaron mi trabajo, ahora ando como perro sin dueño».
En el centro de acopio instalado en la cancha de Alcozacán, mujeres con huipiles bordados hacen fila para recibir leche, harina y papel higiénico. La Guardia Nacional vigila, pero los desplazados dicen que no hay detenidos ni decomisos. El gobierno federal reitera que su estrategia es «pacificar mediante el diálogo».
Las víctimas mortales pertenecían al Consejo Indígena Popular de Guerrero-EZ, grupo de autodefensa que enfrentó a los agresores. En una casa improvisada capilla, la comunidad vela a los caídos; después suben al cementerio montañoso con incienso, flores y la banda de música. Entre las ofrendas se colocan las botas tácticas y el uniforme del CIPOG-EZ.

Una joven de 16 años, viuda desde hace días, dice sentirse «derrotada»: apenas se había unido con uno de los fallecidos y también perdió a su tío. El pueblo quedó inhabitado. Cabras cojean entre techos derrumbados, gallinas y perros buscan comida entre escombros humeantes.
Prisco Rodríguez, integrante del consejo autodefensa, graba un video mientras camina entre las ruinas: «La idea de ellos es someter a los que se dejen y matar a los que no». Los habitantes aseguran que no volverán: «Jamás voy a regresar», repiten varios.
El ataque confirma el control que ejerce Los Ardillos sobre la zona y la ausencia de respuesta efectiva del Estado, pese a la promesa de pacificación.
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