La extradición del empresario Alex Saab a Estados Unidos abre la posibilidad de que se conozcan detalles de cómo operó en México una red de sobrefacturación y lavado que habría desviado al menos 140 millones de dólares de recursos públicos venezolanos.
Según Transparencia Venezuela, el testaferro de Nicolás Maduro adquirió entre 2016 y 2018 doce millones de despensas del programa CLAP en territorio nacional, cada una con un sobreprecio de 30 dólares. La compra se hizo a través de empresas mexicanas que facturaron productos básicos como arroz, harina de maíz, aceite y latas de atún.
El monto total de la operación ilegal, según la entonces Asamblea Nacional de Venezuela, alcanzó los 360 millones de dólares. Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, recordó que en 2024 presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR contra Saab, Maduro y los socios mexicanos.

Dos años después, el expediente no ha recibido respuesta ni avance formal. De Freitas subrayó que Saab, ahora bajo jurisdicción estadounidense, podría aportar información sobre cuentas bancarias, empresas fantasma y esquemas de transferencia que pasaron por instituciones financieras mexicanas.
El exdiputado venezolano Macario González indicó que México fue “un centro clave” para crear la infraestructura financiera que permitió el desvío de fondos, incluyendo recursos de Cilia Flores, esposa de Maduro.

La activista advirtió que la falta de reacción de la fiscalía puede estar relacionada con la postura diplomática que tanto la administración de Andrés Manuel López Obrador como la de Claudia Sheinbaum mantuvieron con el gobierno venezolano hasta la caída de Maduro.
Para organizaciones de transparencia, la llegada de Saab a tribunales estadounidenses es una oportunidad para que autoridades mexicanas reabran la investigación y rindan cuentas sobre el uso de recursos que, en teoría, debían alimentar a la población venezolana.
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