La Clave Única de Registro de Población (CURP) dejará de ser solo una credencial administrativa para convertirse en un mecanismo de alerta en casos de desaparición. La Secretaría de Gobernación anunció que, cuando una persona figure en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, su CURP desplegará automáticamente la leyenda “Persona con reporte de desaparición” en cualquier trámite público o privado que requiera el documento.
La medida, presentada por Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, busca evitar el robo de identidad y detectar movimientos administrativos posteriores a la fecha en que se denunció la desaparición. El sistema cruzará la CURP con más de 500 empresas e instituciones para identificar actividades como apertura de cuentas bancarias, solicitudes de

La estrategia surgió tras reportes de familias que hallaron operaciones financieras o registros laborales de sus parientes después de la fecha en que desaparecieron. Medina Padilla reconoció que esas anomalías son “un planteamiento de muchas familias” y justificó la intervención estatal como una forma de rastrear posibles usos indebidos de datos personales.

Cuando una institución detecte la leyenda en una la corporación, deberá suspender la operación y notificar a la Comisión Nacional de Búsqueda. Si la persona ya fue localizada, su familia o ella misma deberán acudir ante la autoridad para levantar el reporte y restablecer el estatus normal del documento.
La dependencia federal indicó que el mecanismo se integra a la Plataforma Única de Identidad y ya opera con bases forenses, perfiles genéticos y fiscalías estatales. La medida se suma a la implementación de la la institución biométrica, aprobada en la reforma a la Ley General de Población publicada en 2025, que incluye fotografía, huellas, firma y escaneo de iris en formato físico y digital.

Aunque el gobierno asegura que la actualización será voluntaria, gradual y sin costo, legisladores de oposición y organizaciones civiles han advertido riesgos para la privacidad y el posible uso masivo de datos biométricos sin controles claros. La autoridad no detalló plazos ni mecanismos de supervisión para el acceso de empresas privadas a la información de las fichas de desaparición.
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