DATO DURO
Una investigación documenta que Grupo Tecno, empresa contratada por el gobierno federal para emitir pasaportes, transfirió más de 65 millones de pesos a una red de empresas identificadas como "fantasma" por el SAT. Los fondos fueron canalizados a compañías vinculadas con César Adrián Gamboa Montejo, quien funge como responsable de finanzas del Partido del Trabajo en Quintana Roo desde 2022.
La triangulación de recursos inició en 2020, el mismo año en que la Secretaría de Relaciones Exteriores asignó a la firma su contrato más importante del sexenio: 3 mil 800 millones de pesos para el servicio de emisión de pasaportes entre 2021 y 2026. El acuerdo se otorgó mediante licitación pública en julio de ese año, pese a que la empresa contaba con apenas 19 empleados formales y una nómina anual declarada de 600 mil pesos.
Un mes después de obtener el contrato, Grupo Tecno fue vendida a Juan Carlos Torres Guzmán, empresario del sector financiero. Ese mismo año comenzaron las transferencias a la red de factureras radicadas en Quintana Roo.

CONTEXTO
Al menos 8 de las 10 empresas receptoras han tenido a Gamboa Montejo como administrador, representante o apoderado legal, según actas del Registro Público de Comercio revisadas en la investigación. El operador político ha participado en 20 compañías en el estado, de las cuales 12 aparecen en el listado oficial de presuntas factureras de la autoridad fiscal.
Gamboa Montejo ha coordinado la recaudación de recursos del partido para campañas en la península de Yucatán, incluida la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum en 2024. Fotografías de marzo de ese año lo muestran en reuniones de apoyo a la postulada, señalado como apoderado de al menos 8 empresas de la red.

CONCLUSIÓN
El pasado 3 de noviembre de 2025, el Instituto Nacional Electoral ratificó su cargo como responsable de finanzas del partido en la entidad, de acuerdo con documentos oficiales. Anteriormente, el operador participó en la campaña de Mara Lezama, actual gobernadora de Quintana Roo electa por la coalición de Morena, PT y Partido Verde.
El caso exhibe vínculos entre contratación pública federal, operadores partidarios y esquemas de facturación apócrifa, con recursos que provienen de un servicio esencial para la ciudadanía como la emisión de pasaportes.
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