El Gobierno de México ha emitido un decreto ejecutivo para reestructurar y asumir el control del modelo de rendición de cuentas en la Administración Pública Federal. La medida se da en el de la reciente reforma constitucional que concretó la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria Raquel Buenrostro firmaron el decreto para asumir la política de transparencia tras la extinción del INAI.
El decreto establece actualizaciones mensuales obligatorias de contratos y filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como la simplificación de reservas de información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

La presidenta Sheinbaum fundamentó la emisión de estas reglas en la aplicación directa del artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sosteniendo que el marco legal exige un estándar más alto de apertura en las instituciones públicas.
'Esto está en la Constitución, está en los lineamientos, pero vamos a ser todavía más transparentes. Es la garantía de la transparencia de la información del Gobierno de México', aseguró la mandataria mexicana.

La excomisionada del extinto INAI, Julieta del Río Venegas, replicó que la apertura de contratos ya era una obligación constitucional previa y no una novedad, asegurando además que la PNT se entregó plenamente funcional y con respaldo legal.
La nueva política de transparencia busca limitar las excepciones a criterios estrictos, estableciendo que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y.
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