Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer por primera vez un límite legal al aumento de rentas. La propuesta busca contener la gentrificación que desplaza a los habitantes originarios de sus colonias.
La mandataria explicó que dos millones de capitalinos viven en vivienda rentada, equivalente a una de cada cuatro personas. Entre 2015 y 2025 el precio de los inmuebles se duplicó y en varias zonas los alquileres subieron más del 30 %, según datos de la Sociedad Hipotecaria Federal y estudios académicos citados por el gobierno.
El proyecto se articula en cuatro ejes. El primero fija que los incrementos anuales de renta no podrán superar la inflación que publique el INEGI, con lo que la capital mexicana se convertiría, según Brugada, en la primera ciudad del mundo en consagrar ese tope en la Carta Magna.

El segundo eje obliga al Estado a diseñar una política permanente de suelo orientada a ampliar la reserva territorial y multiplicar la oferta de vivienda social y asequible.
El tercer punto contempla la creación de un organismo público especializado en promover y defender los derechos y obligaciones de arrendadores y arrendatarios, con el objetivo de dar certeza jurídica a ambas partes.
El cuarto eje introduce el concepto de “derecho al arraigo vecinal y comunitario”, entendido como el vínculo social, cultural y territorial que las personas han construido en el lugar donde desarrollan su proyecto de vida.

Juan Pablo de Botton Falcón, secretario de Administración y Finanzas, detalló que las políticas se focalizarán en población juvenil y grupos prioritarios, pues dos de cada tres jóvenes capitalinos viven en casa rentada y solo uno de cada diez posee vivienda propia.
Brugada hizo un llamado al Congreso local para que la discusión formal de la iniciativa y de la futura Ley de Rentas Justas comience en el periodo de sesiones de septiembre.
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