Sindicatos, campesinos y organizaciones sociales bolivianos sostienen bloqueos carreteros desde hace más de dos semanas para exigir soluciones a la crisis económica, aumentos salariales y, en varios puntos, la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las protestas afectan rutas clave que abastecen a Sucre y otras ciudades.
El gobierno desplegó un operativo con más de 3 mil 500 uniformados para desbloquear las vías. La administración argumenta que la medida busca abrir un “corredor humanitario” que permita el ingreso de alimentos, medicinas y oxígeno a la capital.
Durante los desalojos fueron arrestadas al menos 57 personas, según datos oficiales difundidos por medios locales. No se ha informado sobre cargos formales ni estado de detenidos.

La tensión ha generado rechazo internacional. Los gobiernos de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Panamá y Honduras emitieron una declaración conjunta en la que expresan “preocupación por la situación humanitaria” y piden evitar mayor violencia.
Organismos de derechos humanos han urgido al Estado boliviano a garantizar el derecho a la protesta y a abstenerse del uso excesivo de la fuerza. Los bloqueos persisten en al menos cinco departamentos, reportan usuarios de redes sociales.
No hay fecha anunciada para mesas de diálogo. El ministerio de Gobierno reiteró que los cortes de carretera “afectan la vida de miles de bolivianos” y advirtió que se mantendrán los operativos hasta restablecer el tránsito.
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