La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reunió por primera vez a los principales responsables de prevenir y sancionar la corrupción en el país con el objetivo de articular una estrategia nacional que combine auditorías integrales, inteligencia financiera y participación ciudadana. El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, calificó el ejercicio como un paso decisivo para construir una política de fiscalización más amplia y coordinada.
En la reunión participaron la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja; el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, José Ramón Amieva Gálvez; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Héctor Mares Gallegos; y representantes de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como presidentes de las comisiones de Transparencia y Vigilancia de la ASF en San Lázaro.

Mijangos Borja subrayó que el encuentro responde a la exigencia social de actuar sin tolerancia contra la corrupción y permite diseñar mecanismos para investigar y sancionar de forma conjunta. Amieva Gálvez insistió en que la integridad debe regir todos los servicios públicos y que solo mediante la coordinación institucional se podrá reducir la impunidad.
Los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Claudia Salas Rodríguez cerraron filas para fortalecer la integridad pública y piden cerrar brechas legales que dilatan las responsabilidades. La subsecretaria Anticorrupción, Guadalupe García Martínez, añadió que la respuesta debe ser integral y sin duplicidades para multiplicar la eficacia de cada peso auditado.

Mares Gallegos ofreció abrir los bancos de datos financieros que ya maneja la UIF para que los hallazgos de auditoría se traduzcan en procesos penales y administrativos más rápidos. El acuerdo incluye compartir alertas de operaciones inusuales y mapas de riesgo por sectores públicos.
La ASF convocó también a contralores de Baja California Sur, entre otras entidades, para alinear criterios de fiscalización locales con la nueva política nacional. El auditor adelantó que el siguiente paso será un grupo técnico permanente que revise trimestralmente avances y obstáculos en investigaciones de corrupción.

Autoridades coincidieron en eliminar trámites burocráticos que desincentivan la denuncia ciudadana y en usar tecnologías de análisis masivo de datos para detectar redes fraudulentas antes de que se consumen los daños. El éxito del plan, reconocen, dependerá de la voluntad política de mantener abierto el intercambio de información y de publicar resultados concretos, sanciones y mo
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