La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reunió por primera vez a los titulares de las principales instituciones encargadas de prevenir y sancionar la corrupción en México. El objetivo, según el auditor Aureliano Hernández Palacios Cardel, es construir una política nacional de fiscalización con mayor alcance y cercanía a la ciudadanía.
Durante el encuentro, la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, Dra. María de la Luz Mijangos Borja, afirmó que la coordinación entre dependencias responde a la exigencia social de actuar “con firmeza y sin tolerancia” frente a actos de corrupción. Subrayó que solo una actuación conjunta permitirá investigar y sancionar de forma más eficaz.

El Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Dr. José Ramón Amieva Gálvez, insistió en que la integridad debe prevalecer en todos los órdenes de gobierno y que la alineación entre autoridades es clave para emitir resoluciones que disminuyan la impunidad.
Legisladores participantes coincidieron en la necesidad de cerrar filas. El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, y la diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez, secretaria de la Comisión de Vigilancia de la ASF, pidieron fortalecer los valores del servicio público y sentar bases de coordinación interinstitucional.

Guadalupe Araceli García Martínez, subsecretaria Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, advirtió que enfrentar la corrupción requiere una respuesta integral. “Sumar capacidades y trabajar de manera coordinada es la vía para ser más eficaces”, afirmó.
Por su parte, Héctor Mares Gallego, integrante de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló que el relanzamiento de la colaboración permitirá consolidar el intercambio de información financiera y alinear capacidades para traducir los análisis en resultados concretos.

La ASF informó que el modelo de auditorías integrales busca incorporar análisis masivo de datos digitales y simplificar la denuncia ciudadana, eliminando trámites que desincentivan la participación social. La propuesta se discutió con contralores de Baja California Sur y otras entidades, aunque el comunicado no detalla compromisos firmes ni metas de reducción de desvíos.
El encuentro concluyó sin un plan público de trabajo ni calendarización de acciones conjuntas, limitándose a reconocer la “alta relevancia” del diálogo. Observadores subrayan que, sin mecanismos claros de rendición de cuentas, la iniciativa corre el riesgo de quedar en declaraciones.
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