Las denuncias sobre un posible acuerdo para elevar y sincronizar el costo del gas LP apuntan contra cuatro empresas que controlan la mayor parte de la distribución en el país: Grupo Soni, Grupo Nieto, Grupo Tomza y Grupo Simsa.
Las tarifas que estas compañías aplican en regiones tan distintas como el centro, el norte y el bajío muestran variaciones mínimas, un patrón que especialistas consideran estadísticamente improbable sin coordinación previa.
Las prácticas detectadas incluyen ajustes idénticos por zona geográfica, reparto territorial implícito y obstáculos formales a distribuidores menores que podrían ofrecer precios más bajos.

Para que este esquema perdure se requiere, según investigaciones, la omisión o colusión de intermediarios, sindicatos y funcionarios que supervisan permisos y verifican cumplimiento normativo.
Las multas impuestas hasta ahora por la autoridad competencia equivalen, en promedio, a ingresos de dos días de ventas de las gaseras denunciadas, por lo que no han modificado la conducta del mercado.
El incremento coordinado del precio del combustible afecta la cadena productiva nacional y acelera la inflación en productos básicos que utilizan gas LP para su elaboración o transporte. Grupo Soni, propiedad de la familia Oñate y encabezado por Salvador Oñate Ascencio, domina el abasto en el centro y el bajío.

Grupo Nieto, dirigido por Sergio Nieto del Río, ha sido señalado en entidades como el Estado de México y Jalisco por fijar montos idénticos a los de sus rivales. Grupo Tomza, fundado por Tomás Zaragoza Fuentes, controla el noroeste mexicano y tiene operaciones en Centroamérica.
Grupo Simsa, bajo el mando de Salomón Issa Murra y su familia, concentra ductos y terminales en el noreste. Las autoridades de competencia han emitido recomendaciones, pero no han anunciado sanciones que representen un porcentaje significativo de las utilidades de estos consorcios.
Expertos consultados advierten que, sin una reforma que limite la concentración de infraestructura y transparente la asignación de permisos, el “cártel del gas” seguirá externalizando sus costos hacia los consumidores.
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