DATO DURO
Un grupo de activistas irrumpió en el Congreso de Sinaloa con gritos de "diputada enemiga, nuestro chat no se investiga" para protestar contra la legisladora con licencia Almendra Negrete, señalada como responsable de una denuncia por violencia política de género que utiliza capturas de pantalla de conversaciones privadas.
La funcionaria, quien ocupa el cargo de secretaria de Diversidad de Morena, denunció a la activista Emma Zermeño empleando capturas de una conversación privada sostenida entre Zermeño, una funcionaria de la Secretaría de las Mujeres y una tercera persona identificada como Jonathan Alexis, correspondiente a los años 2024 y 2025.
El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa había desechado inicialmente la denuncia. Sin embargo, el caso escaló hasta la Sala Regional en Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se ordenó revisar el asunto tras admitir las capturas de pantalla como prueba de violencia política de género.
CONTEXTO
Las críticas y protestas contra la diputada con licencia se intensificaron por lo que los manifestantes señalan como uso del poder a su favor para perseguir opiniones de otras personas, generando preocupación sobre las implicaciones para la libertad de expresión.
Contexto político
Este miércoles 18 de marzo, la Sala Superior del tribunal federal revisará el caso. De forma extraoficial se filtró el proyecto de resolución del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien propone revocar las sanciones contra Zermeño al considerar que las conversaciones privadas están protegidas por el derecho a la intimidad.
El magistrado advirtió que la difusión de dichas conversaciones sin consentimiento podría sentar un precedente de censura digital, lo que ha encendido el debate sobre los límites entre la intimidad personal y la esfera pública en casos de violencia política.
CONCLUSIÓN
Entre las sanciones que enfrentaría la activista figuran la censura, la inclusión en el Registro Nacional Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género, una disculpa pública dirigida a Negrete y una indemnización por daño moral de 300 mil pesos solicitada por la denunciante.
La protesta en el recinto legislativo de Culiacán evidencia la tensión entre mecanismos de protección a mujeres en política y las garantías de privacidad y libertad de expresión, en un caso que podría definir precedentes sobre el uso de evidencia digital en denuncias electorales.
Etiquetas: violencia política de género, privacidad digital, Culiacán, Emma Zermeño, Almendra Negrete, TEPJF, libertad de expresión, Gobiernos estatales y municipales bajo presión
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