El presidente boliviano Rodrigo Paz ordenó un operativo policial y militar para desactivar los bloqueos de rutas que paralizan el país desde hace días. El dispositivo, presentado como “humanitario”, se concentró en la zona de El Alto, principal acceso a La Paz, donde los manifestantes exigen la renuncia del mandatario y rechazan sus políticas de ajuste.
En lugar de disolver las protestas, la intervención estatal encontró una resistencia organizada: vecinos, obreros y campesinos se mantuvieron en los puntos de bloqueo y enfrentaron a los uniformados, obligándolos a retroceder en varios sectores.
El control de las vías permanece en manos de los manifestantes, lo que profundiza el aislamiento de La Paz y agudiza el desabastecimiento. El gobierno argentino de Javier Milei envió ayuda alimentaria por vía aérea para paliar la falta de productos básicos, un gesto que revela el grado de deterioro logístico que enfrenta el ejecutivo de Paz.

La medida también expone la impopularidad del gobierno boliviano, incapaz de restablecer el flujo normal de mercancías por medios propios. Mientras los bloqueos se sostienen, la Central Obrera Boliviana (COB) y otros referentes sindicales mantienen una postura dialoguista que contrasta con la disposición al enfrentamiento de quienes resisten en las calles.
La brecha entre las bases y las direcciones sindicales se amplía ante la persistencia de la represión y la ausencia de soluciones inmediatas. La tensión se concentra en los próximos tramos carreteros que comunican El Alto con La Paz, donde se esperan nuevos intentos de desbloqueo por parte de las fuerzas del orden.
La respuesta de los manifestantes definirá si la presión social logra forzar una salida política o si el gobierno logra recuperar el control vía estado de sitio.
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