México genera la mayor parte de su electricidad con gas natural y más del 70% lo compra a Estados Unidos. Enrique Healy, académico de la Universidad Iberoamericana, advierte que cualquier corte en ese flujo desencadenaría apagones, parálisis industrial y una crisis económica inmediata. La vulnerabilidad no es hipotética: el país ha construido su desarrollo energético sobre un combustible que no controla.
La producción nacional cubre menos del 30% de la demanda. El gas mexicano está ligado principalmente al petróleo y no es “gas libre”; además, se quema o se pierde por falta de infraestructura en forma de flaring. La caída de la exploración y la baja inversión, sumadas a la prohibición del fracking, han limitado el aprovechamiento de yacimientos no convencionales.

El gas estadounidense, abundante y barato, desplazó la extracción local. El resultado es una paradoja: México posee reservas pero no las desarrolla; depende de un exterior que puede variar precios o volúmenes por decisiones políticas o eventos climáticos. La

Ante una interrupción, CFE no tendría margen de maniobra. Tendría que reemplazar el gas natural por combustóleo y diésel, combustibles más caros y contaminantes. Las emisiones de gases de efecto invernadero se dispararían y los compromisos climáticos del país quedarían en papel mojado.
La transición energética quedaría congelada. En lugar de cerrar plantas fósiles, México se vería forzado a ampliar su uso de fuelóleo para evitar apagones. La agenda verde dependería, entonces, de la continuidad de un gas que cruza la frontera y que no puede garantizar la administración mexicana.

La pregunta urgente, según Healy, no es si ocurrirá un corte, sino cuán preparado está el gobierno para enfrentarlo. Hasta ahora, no existen políticas públicas visibles de almacenamiento estratégico, diversificación de proveedores o aceleración de la exploración nacional. La soberanía energética sigue siendo un propósito retórico mientras el país importa, literalmente, la estabilidad de su sistema eléctrico.
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