La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó el 29 de abril de 2026 una acusación formal contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendivil y seis servidores públicos más por presuntos vínculos con el grupo criminal “Los Chapitos”.
El gobierno estadounidense solicitó su detención provisional con fines de extradición, confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores. El escrito señala que el narcotráfico intervino en la elección estatal de 2021 para asegurar la victoria de Rocha Moya. El 2 de mayo el mandatario pidió licencia al cargo y rechazó los señalamientos.
Durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena celebrado el 3 de mayo, dirigentes, gobernadores y secretarios de Estado expresaron respaldo al gobernador y confianza en la Fiscalía General de la República.
El senador Gerardo Fernández Noroña cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia y exigió que se aplique el mismo criterio a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien no ha solicitado licencia tras ser mencionada en un incidente con agentes de la CIA.

La diputada Dolores Padierna rechazó la narrativa del “narcopartido” y consideró que aún es posible aclarar los hechos sin afectar la agenda legislativa.
El coordinador parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, anunció que presentará una iniciativa para declarar la desaparición de poderes en Sinaloa y designar un gobernador interino que garantice elecciones limpias. Dijo que la acusación de EE. UU.
evidencia la infiltración del crimen en la vida pública estatal y pone en riesgo el proceso electoral de 2027. La petición será turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales el próximo periodo ordinario.
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